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Los pagos de Areco han de padecido en el ultimo mes, dos episodios fulminantes.                              El primero fue la lluvia más copiosa de la que se tenga memoria.                                                          El segundo, igualmente rápido, casi instantáneo, fue la reacción del Gobierno al echarle la culpa a los productores rurales por la tragedia. Quien lanzó de inmediato esta acusación fue el gobernador Scioli. La idea original, ¿habrá sido de él?                                                                                                  Lo cierto es que al menos yo dudo de que así sea, no sólo porque Scioli no acostumbra a embestir frontalmente al campo ni a nadie sino también porque él mismo se ocupó de acompañar casi enseguida sus dichos iniciales con otros más moderados.                                                                           Atacar duramente a quienes considera sus enemigos, ¿no es acaso la marca registrada de Néstor Kirchner? ¿Habrá sido él entonces quien le ordenó a Scioli culpar a los productores por la presunta construcción de los canales clandestinos que, en su opinión, habrían precipitado a la ciudad de Areco y a los campos vecinos en una de las inundaciones más vertiginosas que hayamos conocido? Al realizar esta acusación, ¿no habrá sido el propio Kirchner quien hablaba por boca de Scioli? Las agresiones contra aquellos a quienes considera sus enemigos, ya sean el campo o los militares, la “derecha” o Clarín, no son en Kirchner, por otra parte, sólo los signos recurrentes de un carácter irascible sino que expresan, además, cierta concepción de la política. ¿Cómo podríamos describirla?
¿Diciendo quizá que, desde el ángulo de mira de quien se ve a sí mismo como un mesías, todos los que se le oponen adquieren inevitablemente el rasgo de “destituyentes”, de conspiradores contra el bien común? Esta es la concepción que ha invadido su mente, no puede asombrarnos que, a la menor dificultad que encuentre en su camino, Kirchner dispare automáticamente los dardos de su encono.                                                                                                                                                         Para cualquier mente objetiva, el drama de Areco manifiesta un proceso complejo al que habrían concurrido varios factores, primero, la ingobernable Naturaleza; segundo, la larga inacción de las autoridades por no haber limpiado preventivamente el río Areco de los innumerables troncos, ramas y desperdicios que desde hace rato perturban su curso; tercero, que el gran río Paraná, a su vez colmado, ya no acepta que afluentes menores como los ríos Areco y Arrecifes viertan en él sus aguas y, cuarto, la irresponsabilidad de algunos productores que habrían construido hace unos años, por su cuenta, canales no autorizados.                                                                                          Pero lo que más importaba en este caso era estudiar seriamente la situación para configurar un plan integral en auxilio de los afectados, para que el desastre no se repita.                                         Lo más seguro en este caso habría sido estudiar antes de dictaminar lo que pasó y lo que aún podría pasar, sin atribuir culpas apresuradas y de corte netamente político.                                   Seguir esta línea de acción, pausada y racional, no se ajusta empero a las monótonas obsesiones del ex presidente.

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El fallo, que no fue apelado, y quedará firme salvo que alguien pueda demostrar que la realidad es que el juez y el fiscal actuaron conjuntamente con el perito, en forma fraudulenta, que tal vez falsificaron documentos, incurrieron sin lugar a duda en cohecho o menos probable fueron presionados. Tampoco olvidemos que el perito era nada más y nada menos que el propio contador del matrimonio presidencial. Entonces el fallo del juez federal Norberto Oyarbide refuerza las peores sospechas sociales que la maquinaria judicial en este caso formada por actores adictos al poder de turno, no está dispuesta a investigar a fondo las irregularidades de la política, incluso cuando las presunciones recaen sobre quienes tienen el mayor deber de transparencia.                    Pero, ya en la nota que publicáramos, el 18/09/2009 titulada “El largo brazo de la ley”, existía esta referencia al juez federal Norberto Oyarbide. En pocas palabras decía;                                      “El juez Norberto Oyarbide, parece haber subido a su corcel cual caballero medieval, entonces con su armadura y lanza en mano intenta arremeter contra todo y contra todos. Ayer llamo a indagatoria a uno de los principales actores de este escándalo, Juan José Zanola, el controvertido titular desde hace treinta años de la obra social bancaria. Sin embargo algo se le escapa a este hidalgo caballero, y es que lamentablemente su lanza es de corto alcance ya que tanto Zanola como muchos otros implicados, tienen una estrecha relación con el matrimonio presidencial.             Néstor Lorenzo, el empresario farmacéutico detenido por orden del juez Norberto Oyarbide,  es socio mayoritario de droguería San Javier. A San Javier se la investiga por ser una de las principales productoras de expedientes falsos para arrancar al Estado, a través de la Superintendencia de Salud, subsidios para enfermos crónicos -en especial de cáncer y sida- inexistentes.”                                                                                                                                                   

Bien, mucho no hace falta explicar, entonces ahora y volviendo al tema, para lograr la revisión del fallo, que no fue apelado por el fiscal, no sólo hay que animarse a formular semejantes acusaciones, sino que, además, hay que estar en condiciones de probarlas. Sin embargo existe una resolución de 1971, de la Corte Suprema, en el caso Campbell Davidson, admitió que se plantease una acción contra la cosa juzgada fraudulenta. Esa vía de revisión, sí, prosperó en algunos casos excepcionales, en efecto, cuando la ex presidenta Isabel Perón fue sobreseída de haber cometido irregularidades en la Cruzada de la Solidaridad, la Corte anterior a 1983 dejó sin efecto esta medida. Y, con el regreso de la democracia, hubo más casos. A partir de 2005 la Corte argentina admitió la reapertura de las causas contra la represión, aun cuando los militares imputados hubieran sido sobreseídos o absueltos. En casos de violaciones a los derechos humanos, la vía de revisión fue admitida. Más recientemente, en 2007, hubo otros. Por ejemplo, la Cámara Federal porteña, en la causa AMIA, luego de la destitución del juez federal Juan José Galeano, reabrió varias causas que habían terminado por sobreseimiento. En principio, un fallo que no es apelado en el plazo que establece la ley queda invariablemente firme, por más que su contenido sea escandaloso  o disguste a la sociedad. Un fallo injusto, incluso escandaloso, si está firme, no puede ser revisado la injusticia no se corrige con más inseguridad jurídica, por más que esto suene difícil de comprender. De todas formas, la sociedad no repara en tecnicismos, solo espera de la Justicia resultados creíbles. Por ahora, lo que queda verdaderamente en claro para la sociedad es que la Justicia, una vez más, parece haber consagrado la impunidad de quienes ocupan los más altos cargos de poder.

En la historia argentina, sobran los dedos de una sola mano para contar condenas en casos de corrupción. Si algo debía esperarse de una acusación de corrupción contra los Kirchner, es que hubiera sido investigada con profundidad quizá, los Kirchner puedan justificar sobradamente el contenido de su declaración jurada, pero el juez y el fiscal debieron dejar en claro que hicieron todo lo posible para descubrir las eventuales irregularidades y que no encontraron ninguna. Y hay, otro actor de este enredo, que brilla por su ausencia, la causa se inició con una denuncia de un particular, pero si la oposición hubiera aportado los datos de una investigación propia y profunda, realizada a lo largo de meses o de años. Semejante pesquisa, que no existió, le hubieran restado al juez y al fiscal la credibilidad que de todos modos, no tienen.
 

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La decisión del fiscal Eduardo Taiano de no apelar el rápido sobreseimiento de los Kirchner fue la frutilla del postre, probablemente el mejor regalo de Navidad que recibió el matrimonio gobernante, que de este modo muy difícilmente podrá volver a ser investigado por la evolución de su patrimonio durante el último año. ¿Quién dijo que la Justicia en la Argentina era lenta? Al menos esta vez demostró una llamativa celeridad. Fue tan rápida como rápidos han sido algunos funcionarios para sus negocios privados.                            La velocidad con la cual se ha cerrado la causa judicial por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner durante 2008 contrasta por ejemplo, con la enorme lentitud de otra investigación que conduce el propio juez Norberto Oyarbide por las coimas y sobreprecios del caso Skanska, caso durante el cual la hoy presidente de la nación, senadora por aquel entonces, se desempeño como presidenta de la comisión que investigaba el hecho.              Ahora bien, convengamos que no es nada frecuente que alguien pueda adquirir un terreno en una cotizada zona turística como El Calafate a un precio irrisorio y venderlo dos años después 48 veces más caro, y nótese el disparate en el valor de reventa, ¿o habrá sido en el valor de compra?                                                                             De todos modos no importa en cual, por que los Kirchner lo hicieron, le compraron tierras a 132.000 pesos a aquel municipio santacruceño y las vendieron a 6.300.000 pesos.              El juez Oyarbide y el fiscal Taiano quisieron ver una parte de la realidad. Es probable que se esforzaran por creer que no hay elementos para presumir enriquecimiento ilícito si alguien compra un terreno a un precio vil y lo vende más tarde al precio del mercado.        A lo sumo, habrán pensado que el problema deberían tenerlo las autoridades de El Calafate que se desprendieron de tierras fiscales a un valor irrisorio y ésa no es una materia que les correspondiera a ellos juzgar.

Sin embargo, se esperaba del magistrado y del fiscal otra actitud.                           Tanto por estar frente a una declaración jurada de quienes gobernaron la Nación durante los últimos seis años, como por tratarse de una fortuna familiar que experimentó un incremento notable y por ser ésta la tercera investigación judicial sobre la habilidad de los Kirchner para multiplicar su patrimonio.                                                              La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública señala en su artículo 2 que los funcionarios del Estado nacional no deberían recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. ¿No debieron el juez y el fiscal, al menos, haberse preguntado por qué el matrimonio Kirchner recibió de ciertas entidades bancarias una tasa de interés bastante más que preferencial a la hora de depositar sus dólares en plazos fijos?    ¿Y no debieron haberse preguntado también si alguna razón extraña motivó a los dueños de una empresa que ganó licitaciones de obras públicas a abonarle al matrimonio presidencial un alquiler mensual un tanto elevado por el hotel que éste posee en El Calafate?                ¿No debieron haberse preguntado si esos inquilinos no estaban pagando otro tipo de servicios, teniendo en cuenta que el artículo 13 de la ley de ética citada señala que es “incompatible” con el ejercicio de la función pública prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado? Son preguntas con una respuesta en la Argentina, QUE PAIS GENEROSO.

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Para llegar a esa cifra se considerará el monto al que se llegue con los diferentes plásticos y adicionales de un mismo titular. Los datos serán cruzados con las declaraciones hechas por los contribuyentes por ejemplo sobre sus niveles de ingresos y detectar de esa forma si los datos son consistentes. El mecanismo de información fue dispuesto por la resolución 2743, que se publicó en el Boletín Oficial.                                       Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y de débito deberán dar información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre los clientes cuyos consumos superen los $3000 mensuales. La AFIP hace uso de atribuciones que le son propias para intentar luchar contra la evasión, aunque el monto dispuesto como piso es a priori, demasiado bajo y provocará demasiado caudal de información, reduciendo la eficacia que podría tener la norma. Consultadas fuentes de la AFIP para conocer más detalles de la instrumentación de la medida y saber la razón por la que se había fijado el monto mencionado, por supuesto no hubo respuesta. La resolución del organismo que dirige Ricardo Echegaray dispone que la obligación de informar regirá desde las operaciones cuya liquidación se presente al cobro a partir del 1° de enero de 2010. Los datos podrían ser usados, por ejemplo, para abrir una fiscalización contra alguien que está declarado en una categoría del monotributo o de autónomos cuyos ingresos no concuerden con el nivel de gastos.                               Actualmente, las empresas emisoras dan información al fisco, pero en respuesta a pedidos concretos. Se dan elementos para cargar una inspección ante posibles casos de evasión, y es bueno el uso de vías tecnológicas para un mejor control.

Sin embargo, la cifra de $ 3000 dispuesta como umbral es poco razonable, debería haberse optado por una cifra mayor, que genere interés fiscal y no colme al sistema de información que en muchos casos sería poco relevante. Para algunos otros, en cambio, la cifra dispuesta es bastante adecuada.                                                                        La AFIP apunta a controlar los consumos de personas físicas para ver si reflejan un nivel vida coherente con las declaraciones que hacen para el pago de Ganancias y de Bienes Personales. Con las diferencias que surjan, se considerará que hay ingresos no declarados, pero el acceso a conocer el nivel de gastos del contribuyente no incluye la posibilidad de ver a qué conceptos se destinó el dinero, porque eso es parte de su intimidad.               La resolución sólo blanquea algo que viene funcionando desde hace cinco años, ya que la AFIP, desde entonces, pide a través de resoluciones administrativas los resúmenes para esos consumos. Ahora, en vez de mandar un oficio, dejaran establecido el sistema con una resolución general, que obliga a que informen en forma permanente.                           Las tarjetas o administradoras ya tienen todo sistematizado, los que se verán afectados son los consumidores de clase alta, que tienen contadores y que ya venían siendo fiscalizados.   Otros que se verán afectados serán los comerciantes, que no van a poder negrear con las tarjetas. A las empresas no las afecta porque la información está en el sistema y hay que subirla por la red. No es un costo ni un gran cambio para ellas.                             En el mercado, cerca del 20% de los portadores de tarjetas (hay casi 15 millones de plásticos en circulación) consumen más de 3000 por mes. Esto significa en pocas palabras seguir persiguiendo inescrupulosamente a todos aquellos que no le debemos nada a un estado cada vez mas ciego. 
 

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Mercado Internacional
Los principales índices de acciones en EE.UU. finalizaron sin cambios, luego de informarse los resultados de indicadores macroeconómicos y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.Entre los indicadores económicos anunciados se encontraron el informe sobre el empleo privado y el ISM del Sector de Servicios, los cuales mostraron señales positivas, aunque no lo suficiente como para superar las proyecciones de los analistas. En Diciembre, el índice ISM Servicios avanzó hasta los 50,1 puntos desde los 48,7 puntos registrados el mes pasado (las previsiones se situaban en los 50,5 puntos). En cuanto a los datos de empleo, se destruyeron 82.000 puestos de trabajo, el menor ritmo de destrucción desde marzo de 2008. Entre las noticias corporativas más destacadas se conoció que Kraft obtuvo un 1,52% de aceptación para comprar a Cadbury, por u$s 16.500 millones. Kraft informó que la propuesta se mantendrá abierta hasta el 2 de Febrero. En este contexto, el ETF XLP, que replica los resultados del sector de consumo de bienes básicos del índice SyP 500, finalizó sin cambios en u$s 26,66. Se trata de una alternativa interesante, considerando que las ventas minoristas son uno de los puntales de la incipiente recuperación de la economía estadounidense.Los índices Standard and Poors y Dow Jones cerraron la jornada sin variaciones, mientras que el índice Nasdaq Composite retrocedió un 0,33%.
El precio de los bonos del Tesoro de EE.UU. de más largo plazo cayó por primera vez en tres días después que los funcionarios de este organismo expresaran su preocupación por el mercado laboral y por el retiro de las medidas de estímulo económico, tal cual fue publicado en las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El rendimiento del bono a 10 años avanzó 7 puntos básicos a 3,83%, mientras que el bono a 2 años rinde un 1%. El ETF TBT, que refleja dos veces la inversa de los precios de los bonos del Tesoro, subió un +2,92% hasta u$s 50,75 debido a la caída en el precios de los bonos. Este ETF es una alternativa atractiva en el mediano/largo plazo, ya que esperamos que continúe reduciéndose la inversión en activos de bajo riesgo en la medida que la economía estadounidense continúe dando señales de recuperación.
En el último encuentro de la Fed los miembros mostraron su preocupación por la evolución del mercado laboral y por el retiro de las medidas de apoyo a la economía, lo que podría poner en riesgo la recuperación económica. La principal discusión entre los oficiales de este organismo tuvo que ver con las previsiones que manejan sobre las expectativas inflacionarias.
Los índices europeos cerraron en alza impulsados por las buenas noticias económicas y la performance de los productores de materias primas. Dentro de este sector sobresalió Rio Tinto, con un alza del +2,6%. En Inglaterra el índice FTSE 100 avanzó un +0,14%, mientras que los índices DAX (Alemania) y CAC 40 (Francia) subieron un +0,04% y +0,12%, respectivamente.
La soja en Chicago retrocedió un -0,19% a u$s 389,12 la tonelada. Ayer la soja cerró a $ 1.015 la tonelada en el mercado de Rosario. Por su parte, el oro finalizó con una suba del +1,87% a u$s 1.138,90 la onza. El precio del petróleo cerró con una suba del +1,60% a u$s 83,08 el barril. El ETF USO, que replica el precio del petróleo WTI, registró un alza del +1,48% hasta u$s 41,01. De confirmarse la tendencia de recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos, las empresas comenzarían a demandar un importante volumen de recursos energéticos en 2010, lo que ejercería una presión al alza en el precio del petróleo, con lo cual el ETF USO (que refleja ese commodity) presenta atractivo como alternativa de inversión.
El dólar cayó frente al euro después de darse a conocer en las actas de la Reserva Federal correspondientes a la reunión del 15-16 de Diciembre, que los gobernantes dijeron que más estímulo podría llegar a ser deseable y que el retiro de las compras de bonos hipotecarios podría perjudicar la recuperación del sector inmobiliario. El dólar se depreció un 0,3% a u$s 1,4411 por euro, mientras que retrocedió un 0,1% frente a la libra esterlina a u$s 1,6014. El yen cayó un 0,8% a 92,41 yenes por dólar.

Mercado Local
Afectados por los rumores sobre la posible salida del titular del BCRA (Martin Redrado), los títulos públicos cerraron la jornada con importantes bajas. El Cupón del PBI en dólares Ley New York (TVPY) registró la mayor baja de la rueda con una caída del 5,14%. El Bonar V en Dólares (AM11), se presenta como una interesante alternativa ya que presenta un current yield atractivo (7,19%), un cupón relativamente elevado (7%) y se encuentra 200 pbs por sobre el Boden 12 (RG12), un bono comparable en términos de duration.
El Merval cerró la jornada de hoy con un baja del 1,63% a contramano de los principales indicadores de la región y principalmente afectada por factores locales. En este contexto, Banco Patagonia (-4,12%), Grupo Financiero Galicia (-4,01%) y Siderar (-4%) fueron las acciones que mostraron las mayores bajas de la jornada donde el volumen operado alcanzó los $ 66 millones. Siderar se presenta como una alternativa interesante. Presenta buenas perspectivas de negocio para este año, dada la recuperación proyectada para la actividad económica mundial, lo que debería impactar positivamente en sus principales sectores consumidores (ej. construcción, automotriz, producción de bienes durables y de capital).   Su valuación en términos de P/VL (1.07) refleja el potencial de apreciación de sus activos.
Los índices de dólar futuro cerraron mixtos con un volumen operado de u$s 331 millones. El futuro a junio 2011 ($ 4,462) mantiene una tasa implícita del 11,2%, lo cual resulta atractivo para aquellos inversores que consideren que la apreciación del dólar superará ese porcentaje de suba en dicho plazo. El dólar minorista cerró en $3,795 y $3,835 para la compra y la venta, respectivamente. Por su parte, el euro operó en $5,45 para la compra y $5,51 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,17 para la compra y $2,26 para la venta.
Las tasas Badlar para plazos fijos mayores a $ 1 millón y CALL a 1 día cerraron a 9,88% y 10,5% respectivamente. En el mercado internacional, la tasa Interbancaria para los bancos de Londres (LIBOR) para los 3, 6 y 12 meses finalizó en el 0,25%, 0,43% y 0,99% respectivamente. Por su parte la Euribor cerró en 0,70% para 3 meses, 1% para los 6 meses y 1,25% para el plazo de 12 meses.

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La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en momentos en que empezaba a tramitarse la causa por el incremento del patrimonio presidencial, de 158% en un año. Es decir, a contramano de lo que ocurre en el mundo y de lo que pasaba en el país hasta hace poco, el Gobierno considera que los recibos de sueldo de Cristina Kirchner son elementos de la esfera íntima de la Presidenta que los ciudadanos no deben conocer.          El dato cobra más relevancia después de que el juez Norberto Oyarbide sobreseyó, por enriquecimiento ilícito, al matrimonio Kirchner. Bueno seria recordar que el argumento que usó, sin éxito, en el juicio en su contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su incremento patrimonial fue que cobraba una suma muy superior a la que figuraba en sus recibos. Cristina Kirchner declaró en 2008 un sueldo anual neto de $148.000.          Pero al no permitir que se conozca el recibo, y como el juez no lo pidió, la Presidenta podría alegar que ese dato es un error formal en la confección de la declaración frente a un eventual avance de la causa judicial. El gobierno kirchnerista ha cambiado su criterio en la entrega de este tipo de información, tantas veces como le convino.                           En 2005 los recibos se consideraban datos públicos, como ocurre en México y Chile, por citar sólo dos casos cercanos. El dato relativo a las remuneraciones de cualquier funcionario debe ser público, porque se trata de una erogación del Estado y, por ello, el mejor medio para su comprobación es el recibo de sueldo.

Sólo los datos sensibles como, por ejemplo, si recibiera un plus por un hijo discapacitado o enfermo deben estar exentos de publicidad. Qué pasó o qué hizo cambiar la política del Gobierno. A pesar de la falta en el país de una ley nacional de acceso a la información pública, con algunos altibajos, hasta hace poco el Poder Ejecutivo Nacional había impulsado una política pública sobre esta materia. Sin embargo, en los últimos meses ha habido señales que marcan un retroceso preocupante. Desde la llegada de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete todo cambio. El pedido de información que presentó la ADC para acceder a los recibos de la Presidenta y de otros 10 funcionarios nacionales y provinciales se realizó el 8 de julio de 2009 y se basa en el decreto 1172/3, que firmó Néstor Kirchner meses después de asumir y garantiza el acceso a todos los documentos que producen y tienen los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, con unas pocas excepciones previstas en forma expresa y entre las que no figura la alegada. La solicitud fue rechazada el 20 de julio con una breve nota firmada por el director de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, que dice textualmente, Oportunamente la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ante similar requerimiento consultó al Organismo competente en la materia, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que en dicha oportunidad elaboró el Dictamen 37/08, el cual se adjunta en copia para su conocimiento y respuesta. El dictamen, de 14 carillas sostiene que la remuneración salarial se trata de una información que puede afectar directamente el derecho de intimidad de su titular y que su tratamiento debe restringirse a causales que justifiquen el acceso al mismo.

El 14 de agosto, la ADC presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de Rita María Ailan, un recurso de amparo en el que pidió que se ordenara al Estado entregar los recibos de la Presidenta, pero no hubo respuesta a la medida.                   La kirchnerista Diana Conti, dijo que se trataba de una denuncia carente de seriedad alguna que se basa sólo en artículos periodísticos. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por su parte calificó de “canallada” las críticas al fallo que sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito a raíz del incremento de su patrimonio.                 El jefe de Gabinete, que fue durante casi dos años ministro de Justicia, consideró que Oyarbide es uno de los muchos jueces federales de excelente prestigio que tiene la Argentina, y a su vez el juez federal Norberto Oyarbide criticó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por que le pediría juicio político. Lo que no entiendo, dijo es por qué Carrió no dice nada de las veces que yo la sobreseí a ella, mientras sobre su escritorio había una copia de una sentencia absolutoria, firmada por él, de febrero de este año.

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