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Durante el último año, el patrimonio de los Kirchner aumentó un 158%, y desde su arribo al gobierno, en 2003, el incremento ha sido del 572%.
Si, así es, estos son los porcentajes del vertiginoso aumento de la fortuna del matrimonio Kirchner, además de haber dado origen a cuatro investigaciones en la justicia federal, se ha convertido en un escándalo que también crece vertiginosamente.                               La Oficina Anticorrupción ha presentado al juez federal Norberto Oyarbide, el magistrado que investiga la última declaración jurada de bienes, un informe que indica que los números de ésta no cerrarían, por ningún lado. A su vez, en un libro de reciente aparición, el periodista Luis Majul sostuvo que personal de la AFIP, cuyo titular es el kirchnerista Ricardo Echegaray, viajó a Santa Cruz a entrevistar en su oficina al contador de Néstor Kirchner para corregir las incongruencias entre su declaración jurada y las de varios de sus allegados, como Lázaro Báez y Rudy Ulloa. Según esa información, estos personajes habrían declarado mantener deudas con Néstor Kirchner que totalizarían unos $13 millones, pero éstas no habrían aparecido como créditos a cobrar en la declaración del ex presidente y actual diputado electo.                                                                        Sobre la base de los datos de Majul, el abogado Ricardo Monner Sans, autor de una anterior denuncia sobre el enriquecimiento de los Kirchner, realizó una nueva presentación, que recayó en la jueza federal María Servini de Cubría.

Oyarbide encargó a los peritos contables de la Corte Suprema un peritaje sobre la declaración jurada de bienes, y un estudio sobre los inmuebles del matrimonio que revela que sus locales, valuados en metros cuadrados, tuvieron desde 2003 un crecimiento promedio de 3200%. El aumento patrimonial logrado por el matrimonio Kirchner durante el año pasado habría sido posible por movimientos de compras y ventas, y por desusados alquileres cobrados. De ese registro patrimonial se infiere la actividad realizada desde el poder para obtener, en beneficio personal, condiciones totalmente fuera del curso normal de los negocios. Tal es el caso de los inexplicablemente elevados alquileres recibidos por dos hoteles en la ciudad de El Calafate. Sólo la compulsión implícita de un presidente sobre una importante empresa contratista del Estado, y no la renta de la operación hotelera, podrían explicarlo. De igual forma resulta imposible fundamentar el monto de los abultados intereses obtenidos por los depósitos bancarios a plazo fijo de los contribuyentes involucrados en el caso. Pero las ganancias patrimoniales más notables surgen de las operaciones de compraventa de inmuebles y terrenos. Durante 2008, el matrimonio gobernante vendió 16 inmuebles en Santa Cruz por un monto de $14,5 millones. La operación más notable resultó ser la venta de un terreno de 20.095 metros cuadrados en $6.300.000.                                            Menos de dos años atrás, ese inmueble había sido adquirido en apenas $132.079.               Se trató de la compra de tierras fiscales, a un muy bajo precio, a la intendencia de El Calafate, que también había favorecido en su momento a otros funcionarios locales y a parientes de la familia Kirchner.

El tiempo pasa, las denuncias se acumulan y, no se dicta ni el procesamiento ni el sobreseimiento del matrimonio, la Justicia sigue demorándose sin razón aparente.            El juez federal Rodolfo Canicoba Corral archivo una denuncia sobre la evolución de la riqueza de los Kirchner en 2007, su colega Julián Ercolini ya los sobreseyó por el crecimiento de su patrimonio hasta 2005. Lo lógico sería ahora, que Oyarbide no se limite a investigar si la declaración jurada guarda las formas, o no debe estudiar todos los bienes, su origen y su conformación.                                                                 Lo ocurrido con los casos, lleva a plantearse si es conveniente realizar este tipo de denuncias mientras los denunciados se encuentran en el poder, puesto que un sobreseimiento firme impide a futuro cualquier nueva investigación sobre el mismo hecho.                    Quizá sea más conveniente aguardar un recambio presidencial para que los jueces federales, se animen a investigar. La sociedad argentina está corroída por la malsana realidad de que el poder otorga impunidad. Siempre desde la vuelta a la democracia esta afirmación se ha visto plasmada en hechos. En el pasado reciente se volvió habitual que altos funcionarios aprovecharan y, en ocasiones, estimularan denuncias por enriquecimiento ilícito en su contra, para que las causas abiertas a partir de ellas se cerraran con velocidad mientras se hallaban en el ejercicio del poder. Será lamentable pero a la luz de los acontecimientos esas maniobras se repitieran ahora con el matrimonio gobernante.

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Mercado Internacional
En Europa, las bolsas cerraron con pérdidas mayores al 3% después de darse a conocer la decisión de Dubai de reestructurar su deuda para con Dubai World, y demorar los pagos correspondientes a una deuda por u$s 80.000 millones, lo que restringió el apetito por el riesgo en el mundo. Entre los prestamistas de Dubai World se encuentran varios holdings financieros internacionales: Credit Suisse Group, HSBC Holdings, Barclays, Llodys Banking Group y Royal Bank of Scotland. Las compañías mineras retrocedieron acompañando las caídas en el precio de los metales. Las acciones de Rio Tinto, Xstrata, Lonmin, Anglo American, Kazakhmys y Fresnillo cayeron entre un -2,8% y -4,1%. Las energéticas cerraron en baja siguiendo la evolución del petróleo, como el caso de: Total, ENI, BP, BG, Royal Dutch Shell y Statoil-Hydro que bajaron entre un -0,91% y -2,1%. En Inglaterra el índice FTSE 100 retrocedió un -3,18%, mientras que los índices CAC 40 (Francia) y DAX (Alemania) cayeron un -3,41% y -3,25% respectivamente.
El oro finalizó con una baja del -0,29% a u$s 1.188,38 la onza. El precio del petróleo cerró con una baja del -2,22% a u$s 76,23 el barril. De confirmarse la tendencia de recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos, las empresas comenzarían a demandar un importante volumen de recursos energéticos en 2010, lo que ejercería una presión al alza en el precio del petróleo, con lo cual el ETF USO (que refleja ese commodity) presenta atractivo como alternativa de inversión. La soja no operó en Chicago hoy mientras que ayer cerró en Rosario a $ 1.010,00 la tonelada.
El yen avanzó al mayor nivel en catorce meses frente al dólar al especularse que las autoridades monetarias de Japón podrían aceptar una mayor apreciación de la divisa. La divisa estadounidense, a pesar de haberse depreciado frente al yen, avanzó frente al resto de las otras monedas después que Dubai sorprendió solicitando congelar por seis meses el pago de parte de su deuda para con el holding Dubai World. El dólar se apreció un 0,85% a EUR/USD 1,5006 por euro mientras que avanzó un 1,3% a GBP/USD 1,6493 por libra esterlina. El yen se apreció un 1% a USD/JPY 86,483 por dólar.

Mercado Local
Los títulos públicos finalizaron con bajas del 2% promedio tras las subas registradas en el día de ayer. El Bocon Consolidación 6ta serie (PR13) registró la mayor de la caída de la jornada con una baja del 5,91%. Este título posee una tasa interna de retorno del 13,02% en pesos, una paridad del 41,35% y un plazo de recupero de la inversión inicial de ocho años. El Boden 2015 (RO15) se presenta como una alternativa interesante ya que presenta una TIR del 12,04% en dólares y una paridad del 80,68% (baja con respecto a otros bonos en dólares con similar período de recupero de la inversión), lo que representa un interesante potencial de apreciación de capital para aquellos tenedores que decidan mantener el bono hasta su vencimiento.
En una jornada donde Wall Street no operó por el feriado, el Merval cayó un 4,28% afectado por las bajas que mostraron las principales bolsas de la región. En este contexto, Transener (-6,66%), Grupo Financiero Galicia (-6,51%) y Edenor (-5,10%) fueron las acciones que mostraron las mayores subas de la jornada en la que el volumen operado superó los $39 millones. Pampa Energía se presenta como una alternativa interesante. La acción acumula en el año una ganancia de 70,41% por debajo del rendimiento que exhibe el Merval (+108,72%). Su valuación en términos de P/VL (0.8) refleja el potencial de apreciación de sus activos.
Los índices de dólar futuro cerraron mixtos con un volumen operado de u$s 74 millones. El futuro a febrero 2011 ($ 4,255) mantiene una tasa implícita del 9,4%, lo cual resulta atractivo para aquellos inversores que consideren que la apreciación del dólar superará ese porcentaje de suba en dicho plazo. El dólar minorista cerró en $3,78 y $3,82 para la compra y la venta, respectivamente. Por su parte, el euro operó en $5,70 para la compra y $5,76 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,13 para la compra y $2,21 para la venta.
Las tasas Badlar para plazos fijos mayores a $ 1 millón y CALL a 1 día cerraron a 10,38% y 9,88% respectivamente. En el mercado internacional, la tasa Interbancaria para los bancos de Londres (LIBOR) para los 3, 6 y 12 meses finalizó en el 0,25%, 0,48% y 1% respectivamente. Por su parte la Euribor cerró en 0,72% para 3 meses, 0,99% para los 6 meses y 1,24% para el plazo de 12 meses.

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Tenga en cuenta que esta iniciativa existe y súmese a ella, dice una carta abierta presentada por tenedores de bonos impagos ante el Congreso y dirigida a los legisladores.                                                                                                                                                   Un grupo de bonistas volvió a reclamar mediante una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos que sancione a la Argentina si no paga la deuda que mantiene en default.                                           La nota, firmada por la American Task Force Argentina (AFTA, por sus siglas en inglés), alude a un proyecto de ley promovido en mayo por siete diputados del partido de Barack Obama. De aprobarse, la ley impediría que la Argentina regrese al mercado voluntario de capitales si antes no paga todo lo que debe a tenedores de títulos que reclaman en los tribunales de este país. El proyecto se llama Ley de Responsabilidad de Estados Extranjeros que Evaden Fallos Judiciales y excluye de los mercados de capitales de Estados Unidos a cualquier nación que no cumpla con los veredictos judiciales de los tribunales locales por más de US$ 100 millones durante más de dos años.                                                                                                                                                                  La Argentina, con su fuerte incumplimiento de 2001, calzaría en la normativa que procura que se honren los compromisos en beneficio de quienes pagan sus impuestos y cumplen con las obligaciones que su estado les impone. El proyecto fue promovido por el diputado demócrata por Nueva York Eric Massa, hasta entonces, calificado de “un amigo” de la Argentina en la sede diplomática de nuestro país, donde obró como invitado de honor en algunas celebraciones con todo el cuerpo de la casa. La iniciativa ingresó en el Capitolio en mayo y, hasta ahora, no se ha movido mucho.

El Congreso tiene hoy asuntos más urgentes entre manos. Pero eso no significa que se olvide del affaire, de los bonos Argentinos.                                                                                                              Ahora la agrupación volvió por sus fueros e hizo una nueva presentación para urgir el debate de la normativa. Lo hace en momentos en que, en medios locales, empieza a diluirse la expectativa que, inicialmente, provocó el anuncio del ministro de Economía, Amado Boudou, de lanzar una nueva oferta para los tenedores de bonos.                                                                                                          Los detalles de esa oferta aún no se conocen, pero lo que los bonistas sospechan es que, cualquiera sea el plan de pago, no será por el total de la acreencia. Y eso, para sus promotores, es “inaceptable”. De allí, la nueva pulseada en el Congreso. Según el proyecto de ley, la Argentina tiene 163 demandas en curso ante las cortes de Nueva York, de las cuales 88 ya tienen fallos a favor de los bonistas y fondos buitres. El reclamo de la AFTA cuenta también con el respaldo de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien así lo puso de manifiesto en una breve misiva a la entidad.                                                                                                                                                            El Ministerio de Economía prevé que el Senado apruebe la suspensión de la ley cerrojo hasta fines de 2010 y que las comisiones de valores de EE.UU. y de Europa hagan lo propio con la oferta técnica negociada con los bancos Citi, Deutsche y Barclays. El sindicato de bancos se comprometió a ingresar unos  US$10.000 millones, la mitad del capital original que debe la Argentina luego del canje de 2005, que logró una aceptación del 76% de los bonistas.                                              Además, se apuesta a captar entre US$ 2000 millones y 3000 millones de bonistas minoristas, a los que se les ofrecería una ventaja simbólica para que también se plieguen a los inversores institucionales. De todos modos estas son solo pretensiones de un gobierno al que solo le preocupa el 10 de diciembre, lo que venga a partir de esa fecha, y ciertamente no le interesa honrar sus deudas.

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La Argentina tiene un largo historial de buenas y de malas experiencias en este menester, es verdad, pero ciertamente, no por ser un entendido y experimentado jugador puede jactarse de ser uno bueno.                                                                                                        Las asociaciones entre el sector público y el privado son peligrosas pero inevitables para el desarrollo de grandes obras de infraestructura como rutas, puentes, puertos o servicios como el agua potable. De hecho, en Latinoamérica, Argentina es uno de los países menos aptos de la región para las asociaciones del sector público y el privado en obras de infraestructura. Para calificar a los países de América latina y el Caribe, se elabora un índice con una escala que va de 0 al 100, de 19 países analizados, la Argentina ocupa el puesto 14, con un puntaje de apenas 21,9, sólo superior al de países como Guatemala (18 puntos), Ecuador (14,5), Nicaragua (10) o Venezuela (7,1). La debilidad de la Argentina no se debe a un problema de falta de experiencia, el problema radica en que el índice pondera sobre todo el marco legal y regulatorio del país para la implementación de proyectos y representa un 42% de la calificación final, las instituciones que preparan, otorgan y supervisan los proyectos un 25%; y la capacidad del gobierno para observar leyes y reglamentos para concesiones, otro 25%.                                                                                                                                                 Hubo un avance muy fuerte en los años 90, pero después, con la crisis y la caída de todos los contratos, se hizo de un antecedente muy malo. Había 44 contratos que renegociar, y hasta hace dos años no se había avanzado ni en la mitad.                                             

En 2005, el por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, impulsó mediante el decreto 967 una fórmula de cooperación entre actores públicos y privados, con la finalidad de atraer inversión privada para la realización de obras de infraestructura y servicios.                                                  Pero el decreto quedó completamente en el olvido al punto de que nunca llegó a ponerse en práctica. La falta de un marco regulatorio para determinar ajustes contractuales se presenta, como una de las debilidades de todos los países de la región, no sólo de la Argentina.                                        Esto, multiplica la probabilidad y la frecuencia de cambios a los acuerdos originales, y causa problemas de transparencia. También los mecanismos de resolución de disputas son delineados infrecuentemente por las leyes, y si bien la imparcialidad y la transparencia de los procedimientos de licitación han progresado, la implementación de los criterios queda relegada al segundo plano ante consideraciones políticas. Una débil calidad institucional termina de hundir a la Argentina en el ranking regional. Lo que pasó en nuestro país es que muchas multinacionales que eran concesionarias de servicios públicos se fueron, y vendieron sus participaciones a inversores argentinos, que compraban muy barato especulando que en algún momento todo esto se iba a arreglar, o porque están más acostumbrados a manejar relaciones con entes reguladores. En otros casos, directamente el Estado ha estatizado, como sucedió con Aguas Argentinas, o Aerolíneas Argentinas.

Con la caída de la convertibilidad, la pesificación de las tarifas de los servicios públicos, y la rescisión de varios contratos, muchas compañías concesionarias reclamaron un resarcimiento por parte del gobierno argentino ante el Ciadi, un tribunal arbitral internacional dependiente del Banco Mundial, y ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés).                                       Sin embargo, una gran mayoría luego desistió de seguir con los proceso, tras alcanzar algún tipo de acuerdo con el Gobierno. Otras tantas empresas obtuvieron fallos a favor en el Ciadi, pero todavía están esperando ver resultados. De ahí que existe una preocupación especial, por países como la Argentina y Ecuador, los cuales demuestran creciente desgano al reconocer decisiones de arbitraje internacional.                                                                   Por lo general, la contabilidad fiscal de los proyectos de concesión no es apropiada en América latina, dado que la posibilidad de remover gastos, crea un incentivo para desarrollar concesiones por razones políticas, asignando los costos de los proyectos a gobierno futuros. El éxito de los proyectos de concesiones es siempre un balance entre los riesgos de retrasos presentados por los concesionarios y el riesgo de expropiación que presenta el Estado.        En la Argentina, Ecuador y Venezuela, la preocupación principal es el riesgo de la expropiación gubernamental. Sobran las pruebas bajo la administración kirchnerista.

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Para quien tiene algún ahorro, la aspiración es siempre que le den una renta y correr el menor riesgo posible. Las rentas altas y el riesgo inexistente son fantasías en la que suelen creer muchos. El caso Madoff es una muestra. Pero tal vez, luego de ver el tamaño de la estafa perpetrada por el financista norteamericano, habrán pensado que el comediante Jerry Seinfeld tenía razón.            “La gente siempre me dice: «Tendrías que poner tu dinero a trabajar.                                           Pero he decidido que yo voy a hacer el trabajo y voy a dejar que mi dinero descanse. Porque ponés tu dinero por ahí, a trabajar y muchas veces lo echan. Volvés, preguntás qué pasó, y te contestan «Sí, me acuerdo de tu dinero; no trabajaba nada bien; llegaba tarde.                                                   Lo tuve que echar»”. Todos los que habían puesto su dinero a trabajar con el “fantástico” Madoff, cuyas inversiones nunca daban pérdidas se encontraron, con lo que tal cual satiriza Jerry Seinfeld, que el dinero había desaparecido.                                                                                                          Sería un estafador más con un sistema viejo y burdo, si no fuera que era un personaje destacadísimo, que fue presidente del Nasdaq, que trabajó durante años y estafó a muchas de las personas y bancos más ricos del mundo y que soportó ni más ni menos que 15 inspecciones de la SEC (Comisión de Valores norteamericana), que, además, tampoco hizo mucho caso de varias denuncias contra él.
¿Puede pasar aquí, en la Argentina, en un mercado mucho más pequeño, pero donde las regulaciones, en cualquier materia, suelen ser  menos eficientes que las norteamericanas?

Las opiniones están divididas. Desde el Banco Central dicen que las regulaciones son tan buenas que es absolutamente imposible que en el sistema formal de inversiones ocurra algo semejante, claro, desde el Banco Central. Si las supervisiones son razonables el riesgo es bajo, aunque de vez en cuando surge algún problema, de una magnitud y duración muchísimo menor que la del famoso Bernie. Pero la figura de un gestor de inversiones, un canalizador de ahorros, como era Madoff, no existe en la Argentina.                                                                                                                                  En Estados Unidos hay por estos días un debate, porque la SEC no entiende cómo se les pudo escapar este hombre, al que lo habían auditado 15 veces. Un aspecto por tener en cuenta hoy es la complejidad del mercado americano, donde los dineros manejados por gestores como Madoff se multiplicaron casi por cuatro y el número de gestores se duplicó, es un universo grande y complejo. Así y todo, las contrapartes del estafador, cuando eran grandes bancos, que en definitiva utilizan mecanismos semejantes deberían haber podido detectar las fallas. El sistema local es muy pequeño, aunque de vez en cuando aparecen casos, aunque el Banco Central afirme que la posibilidad de que ocurra un «caso Madoff» es nula, dado el estricto esquema de supervisión que rige sobre el sistema financiero.
La regulación en vigencia permitió que en los últimos años, pese a los efectos de la crisis internacional y a distintos episodios de tensión financiera, ninguna entidad haya corrido peligro y tampoco haya habido riesgo sobre los depósitos de inversores y ahorristas.

Las normas de Basilea estipulan que, para asegurar el correcto funcionamiento de una entidad, el capital debe representar un 8% de sus activos. En el sistema financiero argentino, en promedio, esa proporción alcanza el 17%. Este excedente de capital sirve como resguardo ante cualquier contingencia. Quien destine su dinero a cualquier alternativa de inversión prevista dentro de la formalidad, no debe tener temor alguno sobre sus fondos.                                                          Asimismo, cabe destacar que muchos de los productos financieros que generaron los perjuicios sobre los inversores en el «caso Madoff» resultan de una complejidad y sofisticación ausentes en el sistema financiero argentino. En los últimos 30 años, los casos más resonantes de caídas de entidades financieras fueron los del Banco de Intercambio regional (BIR), Banco de Los Andes (Grupo Grecco), Banco de Italia, Banco del Oeste, Banco del Acuerdo, Banco Alas y más recientemente, el Extrader, Banco Integrado Departamental, Banco Patricios y Banco Mayo, entre otros. Es difícil comparar el mercado más grande del mundo con el más chico del mundo.               La Argentina, desde el punto de vista institucionalizado, es chico y poco diversificado.                     Lo que sí existe y ha existido son cosas no institucionalizadas, como las mesas de dinero, oficinas de representación, que salen a la luz en períodos de crisis. Lo institucionalizado está muy atado por el Banco Central y las sociedades de bolsa por el Mercado de Valores.

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En la ultima reunión de la Cámara Argentina de Anunciantes, que preside Luis Mario Castro, varios ejecutivos de diferentes empresas manifestaron la máxima de sus innumerables inquietudes, el pavor ante llamadas desde la Jefatura de Gabinete pediendo, con urgencia, aportes publicitarios para las transmisiones de fútbol por el canal estatal que durante cada partido, bombardea vergonzosamente la pantalla con publicidad de las obras y bondades del Gobierno nacional.     La rueda la abrió la representante de Cencosud, grupo chileno que controla los hipermercados Disco, Easy, Jumbo y Unicenter. La ejecutiva contó allí haber recibido una llamada del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con esta orden, que razonablemente desoyó.                                                     La compañía reconoce estar ya curada de espanto, han tenido otras amenazas de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. La directiva de Cencosud, agregó que la sugerencia consistió en un mensaje claro, “hagan promociones como siempre le aconsejó”.                                                  Resulta al menos anecdótico, ver la nueva función del jefe de gabinete devenido ahora un experto publicitario. Luis Mario Castro venía de contactarse, hacía algunos días, con el secretario de Medios, Enrique Albistur, al que le había transmitido la preocupación de los publicitarios por la normativa de la nueva ley de medios para las agencias.                                                                                                                            El “fútbol para todos” es un emprendimiento de gran potencial, pero deficitario.

Desde la Jefatura de Gabinete, no hubo respuestas respecto de los llamados y amenazas que denuncian los empresarios. Pero lo cierto es que hasta ahora no se llevan vendidos más de $7 millones en 15 fechas de campeonato en publicidad privada. Para alcanzar los 600 millones que incluye el contrato anual con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la venta debería ser por lo menos de $16 millones por cada una de las 38 fechas (las de los dos torneos del año).     De ahí las urgencias del Gobierno, expresadas ante varias empresas.                                                                                         El fútbol es pasión de multitudes, pero las cosas no están tan claras para los avisadores, por que aun cuando es una oferta de partidos demasiado grande, la gente no siempre los ve, sino que los pone de fondo, y además, la marca va acompañada por 20 organismos oficiales que saturan el mensaje, y mata cualquier producto. Este es el escenario posterior a la estatización de los goles. La Jefatura de Gabinete, a través de Fútbol para Todos, es la dependencia que gerencia el negocio, y ésa es la razón por la cual desde allí se llama a las empresas. En el mismo encuentro en la Cámara de Anunciantes, una representante de la firma L´Oreal aprovechó para quejarse de la solicitud, áspera, de un empresario periodístico de muy buena relación con la Casa Rosada. Le ofrecía el espacio de su revista y le reprochaba, al mismo tiempo, estar anunciando en la competencia. Las tarifas del Gobierno por el espacio en las transmisiones son hasta un 40% más caras que las que cobraba el anterior operador, Televisión Satelital Codificada (TSC), del Grupo Clarín y otros.

Son precios de mercado porque ahora se trata de televisión abierta, no por cable.                                                                          Las planillas fijaron, por ejemplo, en 1700 pesos el segundo en la tanda para el último Boca v. River, y en 3400 pesos el sobreimpreso en el zócalo. Valores similares a los de cualquier programa de pantalla caliente. El problema es que Aníbal Fernández, más allá de su retórica deslumbrante, no se siente tan cómodo como Moreno en el rol de vendedor.                                                                                                                   Yo no soy especialista ni tengo vocación de serlo, dijo al programa A dos voces, que se emite por el canal TN, el día en que adelantó que el Gobierno estaba pensando en convocar a una licitación para operar el negocio. Lo que nos permitiría, sí, es buscar alguien que conozca el medio mucho más de lo que lo conocemos nosotros, agregó.                                                                                                                                 El apuro puede justificarse en cifras. Según los datos, de los 172.800 segundos disponibles hasta la 12a. fecha del Apertura se vendieron apenas 2609 segundos a firmas privadas. El resto fue buena voluntad de dependencias o emprendimientos estatales como propaganda para la ley de medios, varios ministerios, Radio Nacional, Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas, Atucha II o Juegos Nacionales Evita, y Noti Social del ministerio de Desarrollo pero antes que el hijo de Emilio Pérsico fuera detenido con seis plantas de marihuana en un vehículo del mismo ministerio.

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