UN DESEO
Cada uno a su manera, los dos atacaron uno de los flancos más débiles del gobierno kirchnerista, el de la seguridad jurídica, una de las cuestiones que más preocupan a empresarios e inversores, tanto locales como extranjeros. Al menos eso le dieron a entender el secretario adjunto de los Estados Unidos para América latina, Arturo Valenzuela, y la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay. Todas sus promesas y el compromiso personal con la calidad institucional que asumió hace dos años Cristina Fernández de Kirchner, inmediatamente después de jurar como presidenta de los argentinos, quedó así sin más en el olvido. Desde hace mucho tiempo hemos señalado con insistencia que la seguridad jurídica y las reglas de juego para cualquier negocio han quedado supeditadas a las necesidades políticas del Poder Ejecutivo o, peor aún, a la construcción del esquema de poder del oficialismo. La inquietud de empresas norteamericanas en la Argentina por la falta de seguridad jurídica y sus reparos a la hora de invertir dista de ser un dato nuevo. Lo llamativo es que fue hecho público por el enviado de Barack Obama. Y lo novedoso para el gobierno de Cristina Kirchner es que, en materia de política exterior hacia América latina, no parece haber diferencias de fondo entre un gobierno demócrata como el de Obama y uno republicano como el de George W. Bush. En ambos casos se busca defender enérgicamente los intereses de los empresarios de los Estados Unidos que operan en el resto del mundo. Es probable que, la primera mandataria haya cambiado algo su opinión sobre Obama, de quien no hace mucho señaló que se parecía notablemente a su marido, Néstor Kirchner. Las quejas que las empresas norteamericanas le habrían transmitido al secretario de Estado adjunto para América latina tampoco sorprenden. Hay un largo historial de presiones directas e indirectas del gobierno kirchnerista contra compañías y grupos empresariales extranjeros que justifica ese cuadro de ansiedad.
Más de una vez, el gobierno fue cómplice silencioso o incluso impulsor de movilizaciones piqueteras o sindicales contra empresas de capitales extranjeros, cuando los golpes de teléfono de Guillermo Moreno no eran suficientes para disciplinar a los empresarios. La dinámica del Poder Ejecutivo fue siempre la misma. Ahogar los negocios de determinadas empresas por vías reglamentaristas o por congelamientos tarifarios, hasta que aquéllas se sometan a los deseos de los funcionarios o se resignen a terminar en manos de empresarios amigos del poder o del propio Estado. Los dichos de la doctora Carmen Argibay tampoco señalan nada nuevo. Es más, el propio titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había sido enfático cuando, ante un auditorio de empresarios, denunció “la ausencia de reglas estables, previsibles y claras”. Es preocupante también que no se cumplan las órdenes de los jueces. Porque, entonces, ¿para qué están?, y esta pregunta surge de la actitud del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de desoír una resolución judicial, al incumplir una orden de allanamiento del juez José Sudera en el gremio de aeronavegantes por considerarla “inconstitucional. Ningún magistrado se animo a justificar la actitud de Fernández. Carmen Argibay no fue la excepción, y mal que les pese a no pocos hombres del oficialismo, la jueza ha dado claras muestras de independencia frente al poder político, así como cuando hizo prevalecer en uno de sus dictámenes el principio de cosa juzgada por encima de su posición de siempre contra los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Ni el progresismo de la jueza Argibay ni el de Obama parecen coincidir con la noción que de él tienen los Kirchner. Tal vez haya llegado la hora de que el matrimonio presidencial comprenda que el verdadero progresismo, lo realmente revolucionario, pasa hoy por el respeto a la seguridad jurídica y a la división de poderes. Solo un deseo para este 2010.
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