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Nuestro Estado sigue persiguiendo sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, que aparte de haberse convertido en las “fuerzas más desarmadas” de América latina, tienen presos y sin debido proceso a seiscientos oficiales y suboficiales.                                                                             Nuestro Estado, que tolera el auge de la delincuencia cuyos atentados conmueven cada día más a los argentinos, discrimina desde 2003 a las fuerzas de seguridad pese a que el principal cometido de ellas es defender a la sociedad y al mismo Estado.                                                            En cuanto a las fuerzas policiales, abandonadas por falta de recursos técnicos y de salarios dignos, son las más corruptas del mundo, no sirviendo ya siquiera para que los jueces utilicen los testimonios que se hayan emitido libremente en sede policial.                                                          Los delincuentes “entran por una puerta de la cárcel y salen por la otra”, los encargados del orden los utilizan para todo tipo de ilícitos hasta que no les son más útiles y recién ahí los desapareces plantándoles alguna causa bien armada. Sin embargo todavía quedan aquellos policías de carrera, y no pueden sino sentir desaliento e incluso desamparo, porque las autoridades hasta desdeñan homenajear debidamente a los caídos en el cumplimiento de su deber. Esta circunstancia se agrava todavía más cuando los delitos son cometidos por menores de edad porque ellos gozan, en los hechos, de impunidad.

A esto deben agregarse las continuas trabas que ha impuesto el Poder Ejecutivo al proyecto del gobierno de la ciudad de organizar al menos una reducida fuerza de agentes bien entrenados y bien remunerados. La democracia admite tensiones en la conducción de la política, disensos que generalmente terminan en negociaciones.                                                                                                                                       Cualquier gobierno, sin embargo, está obligado a preservar el orden público y a garantizar la seguridad de la sociedad. El cumplimiento de esa responsabilidad asegura la tranquilidad pública y la libertad de todos los ciudadanos.                                                                        Pero en el gobierno de los Kirchner, las cosas son exactamente al revés de los manuales y de la lógica. La conducción de la política es férrea y no admite ni disenso ni negociación; las cosas deben aprobarse institucionalmente tal como se decidieron en la intimidad de Olivos. La Policía Federal criticó, en un hecho inédito, al gobierno elegido de Macri. Le reprochó una deuda de $40 millones, que la estaba obligando a retirar la custodia de varias zonas de la ciudad. Por mucho menos, Néstor Kirchner hubiera echado del servicio activo hasta los estudiantes de la escuela de la policía.                                Pero la conducción de la policía equivoca el destinatario del relamo ya que esa deuda no pertenece a la administración Macri, esa deuda es del gobierno nacional, que jamás acepto el pedido del titular del gobierno de la ciudad, de asumir esa deuda y tener una policía propia.

Kirchner ya lo dejó desairado en el Senado a Carlos Reutemann; ahora intenta mostrarlo como un incapaz a Macri. Macri les debe a los capitalinos más eficiencia y prontitud en el conflicto de la seguridad, cierto. Pero también es cierto que, a falta de calor popular en torno a su propia figura, Néstor Kirchner está tratando de exhibir a sus competidores presidenciales como hombres ineficientes en el control del poder.                                                                                                                             El kirchnerismo es lo que más se asemeja ante la mirada social al descontrol en los recursos del poder. Nada se puede hacer, nada se puede mejorar cuando se trata del espacio público. Esos son los mensajes implícitos que llegan desde la cresta del gobierno nacional.                                                                                                                                                             Tales incapacidades no eliminan, con todo, el descalabro institucional.                                                                                      ¿Qué hacía Aníbal Fernández peleándose con Macri en nombre de la Policía Federal? ¿No es Julio Alak, acaso, el ministro de Justicia y Seguridad y, por lo tanto, el jefe directo de la policía? ¿O la policía es un coto reservado del ministro Fernández?                                                                                                                                                                                            ¿Era necesario tanto para hacer tan poco? ¿Qué debería suceder con los piquetes para que los que gobiernan se acuerden de ese interminable tormento social?   Sea como fuese, los funcionarios nacionales decidieron hablar y escuchar a Macri cuando, el ex futbolista Cáceres entró tres veces al quirófano con el cráneo perforado por la bala de un criminal adolescente. Solo la conmoción social que provocó el definitivo infortunio de Cáceres logro el acercamiento.
 

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