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En momentos en que líderes de países vecinos ganan predicamento por su moderación, como en Chile donde se aprecian verdaderos ejemplos de convivencia democrática, la jefa del Estado argentino sigue optando por el camino del enfrentamiento; de la descalificación de los adversarios, entre los cuales incluye no sólo a dirigentes políticos de la oposición, sino también a medios periodísticos y jueces, y del desconocimiento del Congreso.                 Ahora a todas sus fantasías conspirativas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha agregado un preocupante culto por la desmesura. El mayor ejemplo de la desmesura presidencial ha sido la postergación de su viaje a la República Popular China bajo el pretexto de que el vicepresidente Julio Cobos no debía quedarse durante diez días al frente del Poder Ejecutivo Nacional en forma interina porque, según la primera mandataria, no cumple el rol que le asigna la Constitución y obstruye y se opone a medidas de la Presidenta. El vicepresidente fue acusado por la jefa de Estado de pretender desestabilizar su gobierno, a tal punto que sostuvo que aquél quiere llegar a ocupar la Casa Rosada incluso antes de diciembre de 2011.                                                                  Conocidas por todos son ya las desavenencias entre el kirchnerismo y Julio Cobos, iniciadas tras el voto de éste, en su carácter de presidente del Senado, en contra del proyecto de ley que propiciaba el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas, en julio de 2008. Las citadas diferencias políticas no pueden ser confundidas con una conspiración y mucho menos con un intento de desestabilización. Mucho ha sufrido nuestra democracia para que, alegremente, desde la cima del poder político, se lancen irresponsablemente acusaciones tan graves sin el más mínimo sustento. Al propagar sus fantasías, la Presidenta no advierte que está debilitando a su gobierno y contribuyendo a deteriorar la imagen de la Argentina en el mundo.

Está demostrando, además, su incapacidad para reencauzar una situación conflictiva en forma pacífica y civilizada, por medio del diálogo. Los ataques al vicepresidente de la Nación, a medios de comunicación y a jueces que emiten fallos contrarios a los esperados por el Poder Ejecutivo no hacen más que dar cuenta de la intolerancia de un gobierno que sólo admite el sometimiento incondicional a sus dictados. La Presidenta insistió, durante la conferencia de prensa realizada anteayer en la Casa Rosada, en explicar la crisis institucional desatada a partir del conflicto con el titular del Banco Central (BCRA) como la consecuencia de una conspiración, antes que como el resultado de sus graves equivocaciones.                      Parte de esos errores, han tendido a ser parcialmente subsanados, llamando al Congreso a conformar la comisión bicameral que debería abocarse a analizar la situación del presidente del BCRA. Sin embargo, hubiera sido lo más apropiado que la titular del Poder Ejecutivo anular el decreto de remoción de ese funcionario, hasta que el grupo de trabajo parlamentario evaluara el caso. Del mismo modo, no se entiende la tozudez por no convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, a fin de que se trate el decreto de necesidad y urgencia que propició la creación del polémico Fondo del Bicentenario, que le sustraerá reservas al BCRA para así liberar partidas presupuestarias destinadas realmente para aumentar los gastos corrientes.                                                              La idea de cerrar el Congreso carece de fundamentos válidos, especialmente cuando desde los propios bloques oficialistas se oyen voces que claman por el respeto al Poder Legislativo y cuando se plantea una situación que prácticamente no tiene precedente desde la reapertura democrática de 1983 hasta la fecha.

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