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Los veinte aviones que el Gobierno decidió comprarle al gigante brasileño Embraer vuelan en medio de una fuerte turbulencia. Aun cuando todavía no vuelan de verdad ya generan problemas.                                                                                   La Justicia allanó la sede de la estatal Aerolíneas Argentinas por las sospechas de que se habrían pagado sobreprecios en perjuicio de las arcas fiscales. El juez federal Sergio Torres, investiga si las autoridades de Aerolíneas o incluso desde la Secretaría de Transporte cometieron una presunta defraudación o una administración fraudulenta, entre otros eventuales delitos. Desde las oficinas de la expropiada Aerolíneas Argentinas, sus voceros se encargaron de hacer publico, que una delegación de cuatro funcionarios judiciales allanó la empresa, y que se les entregó toda la documentación que requirieron, aunque reafirmaron que la compañía no cometió irregularidades y el precio fue el adecuado.         La investigación reveló las sospechas sobre presuntos sobreprecios de US$ 5 millones por cada avión y el presunto rol que asumió en la operación Manuel Vázquez, controvertido asesor del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime. Los Embraer E190AR cuestionados, valen cerca de US$ 30 millones en el mercado, mientras que Aerolíneas acordó comprarlos por     US$ 35 millones cada uno, lo que justificó en los “opcionales”, que incluirían repuestos,  la instrucción y equipamientos extras, tanto externos como de cabina. Sin embargo, la entidad brasileña que financiará el 85% de la adquisición, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), ofreció una versión distinta cuando estalló la polémica.

Para empezar, negó los valores difundidos por el gobierno argentino mediante un comunicado en el que se dejo muy claro que no existía todavía contrato de financiación para la venta de las aeronaves, y la operación y sus precios estaban en etapa de negociación.                 El Bndes confirmó además que en julio se había firmado sólo una “carta de intención” y que prestaría el 85% del monto de la operación, pero aclaró que no financiaría servicio adicional alguno. Dos meses después, fue la propia presidenta Cristina Kirchner quien admitió que el Gobierno había recibido otras ofertas con financiamiento más barato, pero que se inclinó por la opción brasileña por razones que excedían lo económico o financiero.       En un mundo donde todos ofrecen comprar con financiamiento muy barato, nosotros decidimos pagar más caro, por una cuestión esencialmente política y por eso los adquirimos aquí, en Brasil, argumentó el 18 de noviembre pasado.                                                 Ese mismo día, el sucesor de Jaime como secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, firmó el acuerdo de compra de las 20 aeronaves para ampliar la cobertura de vuelos de cabotaje de Aerolíneas, en línea con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.                Según explicó Schiavi la operación no se hizo por licitación, sino mediante un acuerdo entre ambos gobiernos.

Este eventual “precio político” es lo que será evaluado por el juez Torres.                  Pedirá a peritos contables que revisen todo el material y lo analicen desde sus aspectos económicos y financieros. Luego sí el magistrado determinará si resulta razonable el margen de costo adicional a partir de una política estratégica de la Argentina de comprar dentro del Mercosur. El “costo político”, sin embargo, no fue el único argumento del Gobierno para justificar la operación. Ante la comisión bicameral del Congreso encargada del seguimiento de las privatizaciones, Schiavi lo explicitó el 20 del mes pasado, y enojado por los comentarios de la oposición, justificó el precio en términos inusuales, pero propios de la prepotencia de los funcionarios Kirchneristas, y así dijo que era una operación lógica, normal, ya que necesitamos aviones muy equipados. Y éstos tienen todos los chiches, como dicen los chicos, y para cerrar propuso; si alguien consigue algo más barato, estamos abiertos. Para cuando expuso Schiavi en el Congreso, las sospechas de sobreprecios ya eran explícitas y alimentadas por el rol que habría desempeñado el empresario Manuel Vázquez como asesor de Jaime en las negociaciones con los brasileños.                                     Vázquez ya se encuentra bajo la lupa de la Justicia en otras dos investigaciones, el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Jaime y en la que busca saber quiénes son los verdaderos dueños del Lear Jet 31 A que Jaime utilizaba como propio en sus viajes.

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