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La nueva reforma que se va a llevar a cabo de la Ley de Comercio Exterior Alemana impedirá que inversores “indeseados” tomen parte en el capital accionarial de las empresas alemanas. El cambio de marco legal evitará que los inversores extracomunitarios se hagan con más del 25 % del capital  una compañía, también impedirá que extranjeros se hagan con el control de empresas alemanas. Esta medida se aplicará a fondos o empresas que tengan sede en países ajenos a la Unión Europea o a la Asociación Europea de libre comercio.

Se espera que esta normativa esté en vigor a principios del año 2009. Además esta medida se aplicará a todas las empresas no solo a aquellas que hasta ahora tenían alto valor estratégico. Será el ministerio Federal de Economía el que se encargará de velar por el cumplimiento de la norma y esta instancia comprobará tras haber solicitado la documentación si estas inversiones foráneas suponen una amenaza “para el orden público y la seguridad” del país. Si esto fuera así solicitará autorización al Gobierno para la anulación de la compra y permitirla con condiciones. Para establecer este veto contará con dos meses. Lo impreciso de la definición para ejercer su derecho a veto así como la burocracia que lleva implícito soliviantaron a las organizaciones económicas del país.

Entre las quejas se encuentra la de la secretaria general de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) que afirmó que esto establecería un baldón sobre la imagen de Alemania como potencia exportadora. La federación de Industria Alemana (BDI) puso el acento en los más de dos millones de puestos de trabajo que están en manos de empresas fuera de la UE, asimismo adujo que “necesitan a los extranjeros”.

Muchas de las empresas europeas han recibido, y más de una vez, balones de oxígeno por parte de los multimillonarios fondos estatales extracomunitarios, fundamentalmente de los países asiáticos emergentes y de la cuenca petrolífera de medio oriente.  El Ministro de Economía, el socialcristiano Michael Glos intentó desarmar las acusaciones de intervencionismo con el argumento de que la medida se usará sólo en casos muy excepcionales y que el efecto será muy limitado por lo que la ley no impedirá la afluencia de inversión extranjera al país.

Fuente: Diario EL PAIS  |  Imagen: Diario EL PAIS

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