La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en momentos en que empezaba a tramitarse la causa por el incremento del patrimonio presidencial, de 158% en un año. Es decir, a contramano de lo que ocurre en el mundo y de lo que pasaba en el país hasta hace poco, el Gobierno considera que los recibos de sueldo de Cristina Kirchner son elementos de la esfera íntima de la Presidenta que los ciudadanos no deben conocer. El dato cobra más relevancia después de que el juez Norberto Oyarbide sobreseyó, por enriquecimiento ilícito, al matrimonio Kirchner. Bueno seria recordar que el argumento que usó, sin éxito, en el juicio en su contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su incremento patrimonial fue que cobraba una suma muy superior a la que figuraba en sus recibos. Cristina Kirchner declaró en 2008 un sueldo anual neto de $148.000. Pero al no permitir que se conozca el recibo, y como el juez no lo pidió, la Presidenta podría alegar que ese dato es un error formal en la confección de la declaración frente a un eventual avance de la causa judicial. El gobierno kirchnerista ha cambiado su criterio en la entrega de este tipo de información, tantas veces como le convino. En 2005 los recibos se consideraban datos públicos, como ocurre en México y Chile, por citar sólo dos casos cercanos. El dato relativo a las remuneraciones de cualquier funcionario debe ser público, porque se trata de una erogación del Estado y, por ello, el mejor medio para su comprobación es el recibo de sueldo.
Sólo los datos sensibles como, por ejemplo, si recibiera un plus por un hijo discapacitado o enfermo deben estar exentos de publicidad. Qué pasó o qué hizo cambiar la política del Gobierno. A pesar de la falta en el país de una ley nacional de acceso a la información pública, con algunos altibajos, hasta hace poco el Poder Ejecutivo Nacional había impulsado una política pública sobre esta materia. Sin embargo, en los últimos meses ha habido señales que marcan un retroceso preocupante. Desde la llegada de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete todo cambio. El pedido de información que presentó la ADC para acceder a los recibos de la Presidenta y de otros 10 funcionarios nacionales y provinciales se realizó el 8 de julio de 2009 y se basa en el decreto 1172/3, que firmó Néstor Kirchner meses después de asumir y garantiza el acceso a todos los documentos que producen y tienen los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, con unas pocas excepciones previstas en forma expresa y entre las que no figura la alegada. La solicitud fue rechazada el 20 de julio con una breve nota firmada por el director de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, que dice textualmente, Oportunamente la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ante similar requerimiento consultó al Organismo competente en la materia, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que en dicha oportunidad elaboró el Dictamen 37/08, el cual se adjunta en copia para su conocimiento y respuesta. El dictamen, de 14 carillas sostiene que la remuneración salarial se trata de una información que puede afectar directamente el derecho de intimidad de su titular y que su tratamiento debe restringirse a causales que justifiquen el acceso al mismo.
El 14 de agosto, la ADC presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de Rita María Ailan, un recurso de amparo en el que pidió que se ordenara al Estado entregar los recibos de la Presidenta, pero no hubo respuesta a la medida. La kirchnerista Diana Conti, dijo que se trataba de una denuncia carente de seriedad alguna que se basa sólo en artículos periodísticos. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por su parte calificó de “canallada” las críticas al fallo que sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito a raíz del incremento de su patrimonio. El jefe de Gabinete, que fue durante casi dos años ministro de Justicia, consideró que Oyarbide es uno de los muchos jueces federales de excelente prestigio que tiene la Argentina, y a su vez el juez federal Norberto Oyarbide criticó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por que le pediría juicio político. Lo que no entiendo, dijo es por qué Carrió no dice nada de las veces que yo la sobreseí a ella, mientras sobre su escritorio había una copia de una sentencia absolutoria, firmada por él, de febrero de este año.
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