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Un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, por el que se restringe la posibilidad de que los particulares obtengan medidas cautelares para frenar actos del Estado y de los organismos públicos, ha generado, fuerte preocupación y controversia entre muchos juristas.                                     Esta iniciativa, originalmente redactada por el diputado oficialista Juan Mario Pais, que logró el apoyo de 135 diputados en la sesión, mejora la posición del Poder Ejecutivo, la Anses, la AFIP, el Energas, un hospital público o la futura autoridad de medios audiovisuales, y, en general, cualquier otro organismo público autárquico o descentralizado.                                                                                                             En efecto, si un particular presenta una acción judicial para protegerse de un acto o decisión estatal que, supuestamente, lo daña, el juez interviniente, antes de suspender esa decisión, deberá darle al Estado tres días para hacer su descargo. Pero, además, ese plazo podrá estar precedido por otro de quince días si el reclamo se inició ante la administración pública. En todos los casos, el particular deberá presentar pruebas que a consideración del juez, léase “El Ejecutivo”, resulten muy convincentes. Mientras Pais afirma que la iniciativa aprobada no fue pensada para restringir los amparos, sino para evitar los abusos, los constitucionalistas no abandonan las críticas.

El proyecto es una vez más, vergonzoso, viola la división de poderes y la Constitución, y por otra parte impone al particular una prueba pesada y compleja.   En rigor de verdad, es posible obtener medidas cautelares mediante acciones de amparo y, también, mediante presentaciones de otra naturaleza técnica, pero el proyecto no se limita a los amparos, sino que, en general, afecta a todos los pedidos de medidas precautorias contra el Estado o sus organismos.              A nivel nacional, cuando un particular solicita una medida precautoria, en muchos casos los jueces, en forma inaudita, sin escuchar al Estado, deciden suspender la decisión estatal. Ahora, el trámite, que nunca fue sencillo, será más lento, intervendrá el Estado y su resultado será más incierto aún.       El proyecto había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Justicia en diciembre último. No hubo disidencias, pero no lo firmaron los radicales ni los integrantes de la Coalición Cívica.                                                                                                                     Luego, en varias ocasiones fue incluido en el plan de labor parlamentaria, pero su tratamiento fue reiteradamente postergado, hasta que en la última semana de octubre, y sin que se advirtiera demasiado, fue aprobado por amplia mayoría y obtuvo sólo siete votos negativos y una abstención. Este tipo de avasallamiento a los derechos de la gente, en detrimento de la constitución y las instituciones se han convertido en una nefasta muestra de la idea Kirchnerista de lo que significa vivir en democracia.

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