i Economistas .es

La Argentina tiene un largo historial de buenas y de malas experiencias en este menester, es verdad, pero ciertamente, no por ser un entendido y experimentado jugador puede jactarse de ser uno bueno.                                                                                                        Las asociaciones entre el sector público y el privado son peligrosas pero inevitables para el desarrollo de grandes obras de infraestructura como rutas, puentes, puertos o servicios como el agua potable. De hecho, en Latinoamérica, Argentina es uno de los países menos aptos de la región para las asociaciones del sector público y el privado en obras de infraestructura. Para calificar a los países de América latina y el Caribe, se elabora un índice con una escala que va de 0 al 100, de 19 países analizados, la Argentina ocupa el puesto 14, con un puntaje de apenas 21,9, sólo superior al de países como Guatemala (18 puntos), Ecuador (14,5), Nicaragua (10) o Venezuela (7,1). La debilidad de la Argentina no se debe a un problema de falta de experiencia, el problema radica en que el índice pondera sobre todo el marco legal y regulatorio del país para la implementación de proyectos y representa un 42% de la calificación final, las instituciones que preparan, otorgan y supervisan los proyectos un 25%; y la capacidad del gobierno para observar leyes y reglamentos para concesiones, otro 25%.                                                                                                                                                 Hubo un avance muy fuerte en los años 90, pero después, con la crisis y la caída de todos los contratos, se hizo de un antecedente muy malo. Había 44 contratos que renegociar, y hasta hace dos años no se había avanzado ni en la mitad.                                             

En 2005, el por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, impulsó mediante el decreto 967 una fórmula de cooperación entre actores públicos y privados, con la finalidad de atraer inversión privada para la realización de obras de infraestructura y servicios.                                                  Pero el decreto quedó completamente en el olvido al punto de que nunca llegó a ponerse en práctica. La falta de un marco regulatorio para determinar ajustes contractuales se presenta, como una de las debilidades de todos los países de la región, no sólo de la Argentina.                                        Esto, multiplica la probabilidad y la frecuencia de cambios a los acuerdos originales, y causa problemas de transparencia. También los mecanismos de resolución de disputas son delineados infrecuentemente por las leyes, y si bien la imparcialidad y la transparencia de los procedimientos de licitación han progresado, la implementación de los criterios queda relegada al segundo plano ante consideraciones políticas. Una débil calidad institucional termina de hundir a la Argentina en el ranking regional. Lo que pasó en nuestro país es que muchas multinacionales que eran concesionarias de servicios públicos se fueron, y vendieron sus participaciones a inversores argentinos, que compraban muy barato especulando que en algún momento todo esto se iba a arreglar, o porque están más acostumbrados a manejar relaciones con entes reguladores. En otros casos, directamente el Estado ha estatizado, como sucedió con Aguas Argentinas, o Aerolíneas Argentinas.

Con la caída de la convertibilidad, la pesificación de las tarifas de los servicios públicos, y la rescisión de varios contratos, muchas compañías concesionarias reclamaron un resarcimiento por parte del gobierno argentino ante el Ciadi, un tribunal arbitral internacional dependiente del Banco Mundial, y ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés).                                       Sin embargo, una gran mayoría luego desistió de seguir con los proceso, tras alcanzar algún tipo de acuerdo con el Gobierno. Otras tantas empresas obtuvieron fallos a favor en el Ciadi, pero todavía están esperando ver resultados. De ahí que existe una preocupación especial, por países como la Argentina y Ecuador, los cuales demuestran creciente desgano al reconocer decisiones de arbitraje internacional.                                                                   Por lo general, la contabilidad fiscal de los proyectos de concesión no es apropiada en América latina, dado que la posibilidad de remover gastos, crea un incentivo para desarrollar concesiones por razones políticas, asignando los costos de los proyectos a gobierno futuros. El éxito de los proyectos de concesiones es siempre un balance entre los riesgos de retrasos presentados por los concesionarios y el riesgo de expropiación que presenta el Estado.        En la Argentina, Ecuador y Venezuela, la preocupación principal es el riesgo de la expropiación gubernamental. Sobran las pruebas bajo la administración kirchnerista.

Comparte este artículo