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La decisión del fiscal Eduardo Taiano de no apelar el rápido sobreseimiento de los Kirchner fue la frutilla del postre, probablemente el mejor regalo de Navidad que recibió el matrimonio gobernante, que de este modo muy difícilmente podrá volver a ser investigado por la evolución de su patrimonio durante el último año. ¿Quién dijo que la Justicia en la Argentina era lenta? Al menos esta vez demostró una llamativa celeridad. Fue tan rápida como rápidos han sido algunos funcionarios para sus negocios privados.                            La velocidad con la cual se ha cerrado la causa judicial por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner durante 2008 contrasta por ejemplo, con la enorme lentitud de otra investigación que conduce el propio juez Norberto Oyarbide por las coimas y sobreprecios del caso Skanska, caso durante el cual la hoy presidente de la nación, senadora por aquel entonces, se desempeño como presidenta de la comisión que investigaba el hecho.              Ahora bien, convengamos que no es nada frecuente que alguien pueda adquirir un terreno en una cotizada zona turística como El Calafate a un precio irrisorio y venderlo dos años después 48 veces más caro, y nótese el disparate en el valor de reventa, ¿o habrá sido en el valor de compra?                                                                             De todos modos no importa en cual, por que los Kirchner lo hicieron, le compraron tierras a 132.000 pesos a aquel municipio santacruceño y las vendieron a 6.300.000 pesos.              El juez Oyarbide y el fiscal Taiano quisieron ver una parte de la realidad. Es probable que se esforzaran por creer que no hay elementos para presumir enriquecimiento ilícito si alguien compra un terreno a un precio vil y lo vende más tarde al precio del mercado.        A lo sumo, habrán pensado que el problema deberían tenerlo las autoridades de El Calafate que se desprendieron de tierras fiscales a un valor irrisorio y ésa no es una materia que les correspondiera a ellos juzgar.

Sin embargo, se esperaba del magistrado y del fiscal otra actitud.                           Tanto por estar frente a una declaración jurada de quienes gobernaron la Nación durante los últimos seis años, como por tratarse de una fortuna familiar que experimentó un incremento notable y por ser ésta la tercera investigación judicial sobre la habilidad de los Kirchner para multiplicar su patrimonio.                                                              La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública señala en su artículo 2 que los funcionarios del Estado nacional no deberían recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. ¿No debieron el juez y el fiscal, al menos, haberse preguntado por qué el matrimonio Kirchner recibió de ciertas entidades bancarias una tasa de interés bastante más que preferencial a la hora de depositar sus dólares en plazos fijos?    ¿Y no debieron haberse preguntado también si alguna razón extraña motivó a los dueños de una empresa que ganó licitaciones de obras públicas a abonarle al matrimonio presidencial un alquiler mensual un tanto elevado por el hotel que éste posee en El Calafate?                ¿No debieron haberse preguntado si esos inquilinos no estaban pagando otro tipo de servicios, teniendo en cuenta que el artículo 13 de la ley de ética citada señala que es “incompatible” con el ejercicio de la función pública prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado? Son preguntas con una respuesta en la Argentina, QUE PAIS GENEROSO.

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