i Economistas .es

Bien, en la primera parte de esta historia, hemos visto buena parte del por que de lo sucedido en este caso, en el que el grotesco institucional ha alcanzado niveles inesperados, como que la Presidenta se irrite con Redrado cuando ilegalmente accedió a la agenda privada del titular del BCRA, y allí encontró que constaban reuniones programadas con periodistas varios, incluidos algunos del diario Clarín. Entonces ahora veamos parte del como se dieron los hechos. Todo ocurrió en menos de un mes. El 14 de diciembre, luego de terminado el período de sesiones ordinarias del Congreso, y con un nuevo Congreso que no la favorece,   la Presidente dictó el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 y dispuso tomar allí los   US$ 6500 millones de las reservas del Central, para afrontar pagos de la deuda que, principalmente, vencerán entre marzo y agosto próximos, creando así el fondo del Bicentenario.                                                                            Como Redrado se había negado y el Gobierno todavía no había logrado disponer del dinero a través del decreto 18/2010, la primera mandataria removió a Redrado de su cargo, que provisionalmente ocupó Miguel Pesce. Ante las presentaciones realizadas, y para preocupación del gobierno, en solo diez horas, ambos decretos quedaron suspendidos por orden de la doctora Sarmiento. Ambas medidas tienen carácter provisional, hasta que se resuelvan los temas de fondo planteados en sendos amparos. Pero se descartaba que el Gobierno las apelaría a la brevedad y ambos juicios pasarían, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Es allí donde el Gobierno tiene fluido contacto entre algunos jueces de apelaciones, por lo cual cabía esperar que la Cámara revocara ambas decisiones o, al menos, la vinculada con Redrado.

Los plazos para apelar ambos fallos vencían el martes siguiente. Pero la jueza federal María José Sarmiento, tendría un agitado día de trabajo, en el que con sobrados argumentos, suspendió dos controvertidas decisiones del Gobierno por la mañana, prohibió que el Poder Ejecutivo utilizara 6500 millones de dólares de reservas del Banco Central (BCRA) para pagar deuda y, por la tarde, repuso en la presidencia de la institución a Martín Redrado, quien a las 17hs. reasumió sus funciones. En un trámite veloz, Sarmiento hizo lugar a las presentaciones formuladas por el Pro la Coalición Cívica, y por la UCR, y dispuso que se suspendan los efectos del citado decreto hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales establecidos en la ley 26.122 que regulan la intervención del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué ocurriría si, durante la sustanciación de este conflicto jurídico, el Gobierno lograra hacerse de los fondos? Si ocurriera esto y, más adelante, el Congreso o la Justicia impugnaran el decreto, el Gobierno debería devolver el dinero al BCRA.                                                                            La posibilidad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia es “excepcional” y está sujeta a algunos requisitos, que fija la Constitución nacional, que no estuvieron presentes al dictarse esos decretos, no existió una imposibilidad funcional del Congreso para desempeñarse (uno de esos requisitos), porque la Presidenta tiene la atribución de convocar a sesiones extraordinarias. Tampoco estuvo presente el requisito de la “urgencia”. La premura en ejecutar el decreto trato de evitar obviamente la participación del Poder Legislativo.

Al mismo tiempo en Olivos, la presidenta ya con el agua al cuello dijo a su staff: arreglen cuanto antes el escándalo que ustedes me armaron. Y aun cuando todo se trato como secreto de estado las recriminaciones al ministro de Economía, Amado Boudou, se hicieron publicas casi de inmediato. Los Kirchner le atribuyeron a Boudou la autoría del frustrado operativo para remover a Redrado. Según la visión del Gobierno, en ese momento el fallo de reposición de Redrado no tenia efecto para restituir al titular del BCRA, quien firmó el acta de reasunción luego de regresar al BCRA. Argumentaban que Redrado no podía reasumir por la intención manifiesta del Gobierno de apelar la medida. Por ello el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en Olivos, dijo que buscaban a la jueza para que les concediera el recurso de apelación ese día, que el fallo era una payasada, y que todo era solo una situación ridícula. La nota final a sus dichos, fue cuando aclaro que la Presidenta los había instruido a el, al procurador del Tesoro y al Ministerio de Economía para que presentaran un recurso de apelación lo antes posible, y dijo: “Queremos presentarlo ahora mismo, estamos buscando a la jueza con la policía; que nos conceda el recurso, así como en dos horas le concedió el amparo a Redrado. CONTINUARA

Comparte este artículo