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El lenguaje oficial se ha ido plagando de descalificaciones hacia ese otro poder del Estado.             Las medidas cautelares concedidas por los jueces comenzaron a denominarse “fallos exprés”.       Los límites establecidos por los tribunales son presentados como una “judicialización de la política”, e inclusive se fue más allá, hasta se hablo del “partido judicial” y se han insinuado críticas a la Corte Suprema. El ministro Julio De Vido tildó de “chicanas” las sentencias que dieron por terminado el avance del oficialismo sobre la empresa Telecom. Esto se debe a que desde hace semanas, la Presidenta su esposo y todo su gabinete, intentan resolver las dificultades del malhadado Fondo del Bicentenario con embates en contra de la Justicia. Esta descalificación de la Magistratura alcanzó también a funcionarios extranjeros, como el neoyorquino Thomas Griesa. Pero por debajo de estos atropellos se tiende a una visión muy peculiar de la Justicia, que la Presidenta desnuda a diario, y cuya expresión más completa tuvo lugar en una de sus hoy habituales conferencias de prensa. En esa ocasión Cristina Kirchner incurrió afirmaciones muy llamativas, en principio, desdeñó los reclamos llevados a los juzgados, utilizando como argumento los antecedentes de los abogados que patrocinaban las presentaciones. La Presidenta desacreditó a tres letrados por estar “identificados con la década del 90 y sus privatizaciones”, como si ese pasado fuera inhibitorio para el ejercicio profesional. La impugnación se vuelve más insólita cuando se advierte que el principal vocero del Gobierno en la embestida contra Telecom, Rodolfo Barra, fue el ministro inspirador de la reforma del Estado de aquellos años.

Cristina Kirchner menospreció también la independencia de una jueza por sus antecedentes familiares. No hizo nombres, pero se refería a una funcionaria que es hija de un militar retirado, ya muy anciano. No es la primera demostración de que el Gobierno viene estableciendo en el país una especie de delito de filiación, por el cual los hijos deben pagar por los presuntos pecados de sus padres. En aquel diálogo con el periodismo, la Presidenta también dijo que la Justicia debe ser independiente del oficialismo y de la oposición, pero de lo que no puede ser independiente es de los intereses del Estado, porque el Estado es único y se divide en tres poderes el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y ese Poder Judicial debe velar, no por el interés del Gobierno, sino por el interés del Estado, al que él también representa.                                                                                    Su postulado central es muy sencillo, la Justicia no tiene por qué ser ciega. Es decir, los derechos y las garantías de quienes recurren a ella deben reconocerse o denegarse según sea la identidad de los abogados que los reclaman.                                                                                                                       La legitimidad de las sentencias también depende de la genealogía de quienes las redactan.             Y el veredicto final será éste o aquél según quién sea el litigante, si se trata de resguardar la esfera privada frente a la pública, los tribunales deberían desconocer cualquier pretensión. Este menosprecio por las reglas muestra lo habitual que resulta para los gobiernos, que comienzan a padecer dificultades de conexión con la opinión pública, pretendan sustituir los argumentos por la exhibición de emprendimientos materiales, aun cuando no fueran, por su dimensión, impactantes, por ejemplo, una pileta de natación, como la que inauguró la Presidenta hace días.

Esa oposición entre obras y razones se sostiene en un concepto inaceptable es decir, las leyes y los procedimientos deben ser invalidados cuando se interponen a la voluntad del gobernante, y aquí otro desvarío, toda institución debe resignar su autonomía frente al poder administrador, desde los tribunales hasta el Banco Central deben subordinarse a la política.                                                   Este modo de pensar, que corroe las formas republicanas, es censurable aun en los casos en que la política cuenta con la legitimidad electoral. Pero se vuelve patético cuando los deseos a los que pretende dar vía libre esa fuerza política con legitimidad electoral han perdido el respaldo de la voluntad popular. La contradicción entre la capacidad de acción del Ejecutivo que se ufana de buscar la felicidad del pueblo, como sostiene el discurso oficial y las supuestas obstrucciones de los demás poderes de la Constitución incurre también en un error, el populismo insiste en ignorar el vínculo que existe entre seguridad jurídica y progreso socioeconómico, a pesar de que la relación entre ambos fenómenos sea muy evidente.                                                                                              Lo demuestra la estrepitosa caída en los niveles de inversión en un país en el que lo poco que queda por inaugurar son piletas populares.

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