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La resolución del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la cual el polémico funcionario estableció precios máximos para el papel para diarios que vende Papel Prensa a más de 170 clientes de todo el país, fue suspendida por el juez federal en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli suspendió. En un duro fallo, el juez entendió que la resolución era inconstitucional y que habiendo sido dictada en virtud de la ley de abastecimiento y de una subdelegación de funciones que en rigor corresponden al Congreso, la medida socava la división de poderes propios de una República.                               Papel Prensa es una empresa privada que cotiza en Bolsa, de la que son accionistas los diarios Clarín y La Nacion y en la que el Estado nacional tiene una participación minoritaria. La resolución 1/2010, que fue suspendida, es parte de la pelea contra las empresas periodísticas que empezó en agosto con la sanción de la ley de medios y con fuertes ataques a la compañía que produce el insumo que adquieren periódicos de todo el país, sin importar su ideología ni su propiedad. Desde entonces, en reiteradas oportunidades Néstor y Cristina Kirchner focalizaron los ataques contra el grupo Clarín, aunque el universo de firmas afectadas es mucho más amplio.                                                        La resolución de Moreno pretendía forzar a la empresa a vender el papel a todos los clientes al mismo precio, sin tener en cuenta los volúmenes de compra, criterio que debe tenerse en  cuenta a la hora de comercializar un producto. De hecho la idea de la aplicación de la resolución era solo la producir un fuerte perjuicio económico a Papel Prensa.                La empresa presentó una medida cautelar, y el juez hizo lugar al planteo y dispuso que el proceso se tramite como un juicio ordinario, por lo cual la apelación que presente el Estado no suspenderá la aplicación del fallo que dictó el juez Marinelli.

La resolución 1/2010 disponía que las operaciones de comercialización de papel para diario deberían efectuarse por un precio igualitario, vendiendo a todos los compradores con el mismo descuento que se les hace a quienes compran grandes volúmenes de papel.                La actual política de precios de la empresa fue establecida en 2003 por los representantes del Estado en la firma. Papel Prensa hace descuentos del 3% por pronto pago (dentro de los 15 días de la operación) y del 2 al 12% por volúmenes de compra que están preestablecidos. Cualquier diario, grupo de diarios o cooperativas puede acceder en forma igualitaria a los mismos descuentos, sin discriminación alguna. Por eso, Papel Prensa promovió una medida cautelar para plantear que la resolución 1/2010 implica una violación de la libertad de comercio. Además, la resolución fue dictada en virtud de un sumario en el cual Papel Prensa no participó ni tuvo derecho de defensa. El juez Marinelli suspendió la resolución de Moreno, porque tuvo en cuenta un vicio de origen de la polémica medida.                      Moreno dictó la resolución invocando la ley de abastecimiento 20.680 y una supuesta delegación legislativa en su favor establecida por el decreto 2102/08, de la que, según el juez, Moreno no goza. Es decir, Moreno obró sin competencia alguna para dictar la medida.    No se advertiría en la letra del decreto 2102/08 ninguna delegación o subdelegación, de las facultades contempladas en la ley 20.680. Pero Marinelli fue un paso más allá al establecer un claro límite a las atribuciones delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo, ya que luego de la reforma constitucional de 1994, correspondería observar un criterio más restrictivo de la admisibilidad de atribuciones, delegadas y cabría tener en cuenta que tales nuevos estándares responden a la convicción de que en repúblicas democráticas de gobiernos presidencialistas, la delegación de facultades legislativas pone en cuestión el principio de división de poderes, con el desplazamiento del centro de poder del Congreso hacia el Poder Ejecutivo y, peor aún, hacia burocracias técnicas sin responsabilidad política alguna, que es el supuesto particular que se configura con la subdelegación.    ¿Hay algo más que agregar?

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