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La cuestión ha tenido un reconocimiento en ámbitos que desnudan las contradicciones dentro del poder cuando hay razones para exponerlas. Por un lado, el socio político del Gobierno y cabeza de la CGT, Hugo Moyano, ha dicho en varios discursos; “Nosotros tenemos un Indec propio, el Indec del supermercado, de las amas de casa, de los trabajadores que cuando llegan, les dicen esto aumentó. Ahí sacamos los porcentajes de reclamo salarial que tenemos que hacer”.                      Entonces la inflación es la consecuencia negativa y poco deseable de políticas económicas que irremediablemente la han provocado.                                                                                                      Los últimos meses de 2009 mostraron una reactivación del fenómeno que sigue sin reflejarse en las cifras oficiales del Indec, por eso Moyano dice lo mencionado. Y, por el otro lado, el documento del Banco Central referido al Programa Monetario 2010 dice que, “Pese a la desaceleración respecto de 2008, la tendencia reciente a la recuperación de la actividad económica ha incrementado los riesgos de incipientes presiones inflacionarias, incluso exhibiendo rasgos de persistencia”. Los instrumentos utilizados para amortiguar la inflación, han puesto en evidencia, finalmente, sus efectos nocivos sobre la producción y la inversión. Los derechos de exportación, que lograron atemperar el impacto de la devaluación de 2002 sobre los precios internos de los productos exportables, ya no pueden ser incrementados para neutralizar nuevos aumentos de precios internacionales o del tipo de cambio. Desde la caída de la resolución 125, el Gobierno debió renunciar a este arbitrio y ha debido reducirlos para no ahogar la producción de algunos cultivos.

Para compensar esas reducciones y evitar el impacto sobre ciertos alimentos de la canasta básica, se incorporaron subsidios internos. Es el caso de los molinos harineros, la producción de pollos o los feedlots para engorde de ganado, entre otros. Pero el deterioro fiscal también puso límite a estos subsidios. El congelamiento de las tarifas de servicios públicos, practicado desde la emergencia económica de comienzos de 2002, también se ha hecho insostenible. Obligó al Gobierno a conceder subsidios crecientes, aun así  no impidió que se destruyera todo incentivo a la inversión. En una situación de déficit fiscal y de riesgo productivo, el Gobierno ha comenzado a flexibilizar tímidamente las tarifas de electricidad, gas, transporte y otras, y deberá hacerlo más aceleradamente en el futuro próximo.                                                                                                       No sólo ya no dispondrá de un instrumento para contener la inflación, sino que tendrá que alimentarla con aumentos significativos. Por similares razones ya no habrá espacio para continuar con los controles de precios que desde hace cuatro años viene aplicando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Como era de esperar, lo único que logró fue afectar la oferta de determinados productos y despertar la imaginación comercial e industrial para sustituirlos por otros. Desde enero de 2007, la evidencia del fracaso llevó al gobierno nacional a una de sus más grandes y lamentables transgresiones, falsear las mediciones oficiales de precios del Indec. Es así como este organismo informo una inflación anual de 7,1% a noviembre de 2009, mientras que la realidad supera el 20%.

El modelo llamado de tipo de cambio competitivo ha sido inevitablemente inflacionario, aunque fue útil durante sus primeros años para reactivar producción, alentar el turismo y aportar recursos fiscales, eso hoy se ha acabado. El modelo se concibió sólo como un recurso de corto plazo y cuando el marco político, institucional y jurídico que lo rodeó, destruyó la confianza la inflación fue su consecuencia inmediata, igual que la pobreza emergida con mucha fuerza.                                        Las perspectivas inflacionarias para el corriente año no son halagüeñas.                                           Las distorsiones en el sistema de precios no son soportables y continuarán corrigiéndose.            Los pedidos de aumentos salariales se ubican por encima del 20% en un clima de conflictos laborales y sociales impulsados por grupos radicalizados que desbordan la dirigencia gremial más tradicional y negociadora. El poder político del gobierno nacional se ha debilitado y continuará haciéndolo. Ha aparecido, además, un déficit fiscal creciente que llegara a tener que financiarse con emisión si el Gobierno no restablece rápidamente sus relaciones financieras con el mundo.              La rectificación de rumbo es siempre posible, aunque poco probable ya que eso exigiría un cambio en la gestión económica, institucional y política de un Gobierno que aun sigue sin poder ver más allá de sus narices.

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